TEMEN QUE QUEDE IMPUNE EL ASESINO DE LA HUMMER

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EL SOL DE PUEBLA.- Familiares de Cristina Pérez Romano, la mujer que murió en un accidente provocado por un joven de 21 años de edad en el Camino Real a Cholula, temen que la apelación que interpuso la Procuraduría General de Justicia (PGJ) por la liberación de Luis García García, ratifique la decisión del juez.
Y es que suponen que los magistrados no van a "balconear" al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), instancia para la que trabajan.
Martha Angélica Villarreal Pérez, hermana de la hoy occisa, refiere que existe poca confianza en las autoridades, sobre todo por la forma en la que se han manejado en el caso de su familiar y por ello dudan que los magistrados revoquen la libertad del probable responsable, pues sería admitir que el juez actuó de manera irregular.
Villarreal Pérez dijo en entrevista para El Sol de Puebla, que al cuestionar al juez sobre su decisión, éste se deslindó de toda responsabilidad bajo el argumento de que la averiguación previa estaba mal integrada y que el error era de la PGJ.
Pero la dependencia reviró e interpuso la mentada apelación, pretextando que el juez debió tomar en cuenta el primer peritaje y no el que se realizó cinco horas después al detenido. Jueces que opinaron al respecto señalaron que sólo era cosa de sentido común.
Máxime si era reincidente. Según la averiguación previa 807/2007/SA-Cholula, Luis García había chocado con un vehículo Hummer de color negro y permiso provisional para circular, contra un poste propiedad de Teléfonos de México (Telmex), hace dos años.
La averiguación previa iniciada por daño en propiedad ajena, fue integrada por la agente del Ministerio Público Esther Rivera Sosa, quien asentó en el acta que el probable responsable se encontraba bajo los influjos del alcohol.
El proceso en su contra duró un par de años, aquella ocasión también obtuvo su libertad bajo fianza y hasta enero del año en curso, García García recuperó su vehículo y con él privó de la vida a Cristina Pérez, el 12 de marzo en la madrugada.
El monto de la caución fue de 350 mil pesos, Marcelino Romero arguyó que se trataba de un estudiante (que no ganaba dinero) y que por eso el monto debía ser bajo, pero ahora se sabe que la cantidad fue pagada en efectivo y que no se tomaron en consideración factores como su posición económica y la de su familia, el vehículo que conducía y la escuela en la que estudia.
Pero después de la indignación que han vivido por la forma de proceder del Ministerio Público y del juez de Defensa Social, los deudos tuvieron que soportar el ser objeto de un soborno, pues les ofrecieron dinero para que desistieran de la acusación en contra del joven de 21 años.
Víctor Manuel García Trujeque, quien se presentó ante ellos como diputado federal por el estado de Veracruz, les ofreció dos plazas de trabajo para las dos hijas de la hoy occisa, una vez que estas cumplan la mayoría de edad, además de 300 mil pesos en efectivo a fin de que otorgaran el perdón.
A través de este espacio, Martha Angélica Villarreal Pérez exigió a las autoridades estatales justicia, pues el futuro de la familia de su hermana es incierto, el responsable se encuentra gozando de su libertad y los servidores públicos encargados del caso han actuado a favor del inculpado y no de los agraviados.